Se designaron 390 fiscales e investigadores del CTI para atender los hechos que afecten las elecciones legislativas y presidenciales en el departamento.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Cundinamarca, activó la estrategia dispuesta para abordar la investigación y judicialización de delitos electorales para los comisos legislativos del próximo 8 de marzo.
En este sentido, se destacó un equipo de trabajo para atender la jornada electoral. La Seccional Cundinamarca hará presencia con 15 fiscales en los circuitos judiciales que atienden a 112 municipios, incluyendo Flandes (Tolima) y 4 fiscales de delitos contra la administración pública.
Adicionalmente, se contará con el apoyo de 371 investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para asumir con inmediatez los actos urgentes y asegurar los elementos probatorios ante cualquier eventualidad que sea reportada.
De otra parte, fueron dispuestos canales de comunicación para que la ciudadanía denuncie irregularidades antes, durante y después de la jornada. De manera presencial en 15 Unidades de Reacción Inmediata (URI) ubicadas en Soacha, Girardot, Fusagasugá, Facatativá, Funza, Guaduas, Villeta, Pacho, Zipaquirá, Gachetá, Villapinzón, La Palma, Ubaté, La Mesa y Cáqueza.
Además, en los 12 Puntos de Atención de la Fiscalía dispuestos en Zipacón, Agua De Dios, Gachancipá, Suesca, Bojacá, Fómeque, Ubaque, Villapinzón, El Rosal, Cogua, Chipaque y Ricaurte. También en el Centro de Atención de la Fiscalía en Silvania.
Asimismo, la línea gratuita nacional 01 8000 9197 48 y 122 desde cualquier celular. Además del botón de Denuncia Fácil dispuesto en la página www.fiscalia.gov.co
ALGO/AMCJ/FSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
