La Fiscalía General de la Nación judicializó, en diferentes casos, a once personas que estarían involucradas en episodios de violencia verbal, psicológica y física contra integrantes de su núcleo familiar en Santa Marta, Ciénaga, Nueva Granada y Plato (Magdalena).
Inicialmente, en Santa Marta, fueron judicializados seis hombres, señalados de incurrir en constantes agresiones verbales, psicológicas, económicas y físicas, contra sus parejas. Investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional, capturaron a los presuntos agresores en distintos sectores de la ciudad, entre ellos Taganga.
De otra parte, en Plato, la Fiscalía judicializó a dos hombres, en procesos independientes, como posibles responsables de someter a actos violentos a sus compañeras y sus hijas. Los hechos ocurrieron en 2024 y 2025. Los procesados no aceptaron los cargos.
En Nueva Granada, fue capturado por el CTI un hombre que durante más de cinco años habría sometido a su pareja sentimental a constantes agresiones psicológicas y físicas. Durante las audiencias no aceptó su responsabilidad en los hechos.
Por último, en Ciénaga, un hombre fue capturado por la Policía Nacional tras presuntamente agredir físicamente a su hermana, el 18 de mayo de 2023. Las investigaciones evidenciaron tres episodios de violencia. Además, otra persona más fue judicializada por hechos similares contra su esposa.
Contra ocho de los investigados, la Fiscalía presentó escrito de acusación por el delito de violencia intrafamiliar y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. En tres de los casos, los presuntos agresores fueron afectados con medida domiciliaria.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
