Este 19 y 20 de junio, la Dirección Seccional San Andrés y Providencia de la Fiscalía General de la Nación adelantó la primera Brigada de Justicia de Conciliaciones Masivas en delitos querellables.

En las fotografías están varios usuarios siendo atendidos por funcionarios de la Fiscalía al interior de un recinto cerrado.
Por dos días, la Fiscalía estuvo atenta a resolver de manera rápida y eficaz los conflictos que aquejan entre ciudadanos.

Durante esa convocatoria fue posible tramitar 75 casos, logrando 37 conciliaciones con acuerdos, 13 conciliaciones con acuerdo por verificar, 18 sin acuerdos y 7 desistimientos de la acción penal.

Dentro de la jornada se brindaron todas las garantías necesarias de atención para el usuario nativo, lo cual permitió que 17 de ellos fueran atendidos en el lenguaje creole y 58 en español.

Cada ciudadano decidió libremente cómo comunicarse, decisión que fue respetada por los funcionarios de la entidad con el fin de que se encontraran soluciones justas de manera rápida y pacífica.

Delitos como lesiones personales dolosas y culposas, perturbación a la posesión, injuria y calumnia, abuso de confianza, estafa, daño en bien ajeno, inasistencia alimentaria y hurto en menor cuantía, entre otros, fueron los que más se destacaron en la brigada que cumplió el objetivo de proporcionar otras herramientas jurídicas para resolver conflictos con acuerdos eficaces.

El ente investigador seguirá trabajando en la promoción de estos espacios que fortalecen el acercamiento de la justicia con el ciudadano y reducen la acumulación de procesos en los despachos judiciales.

 

 

 

 

 

MEVA/MAGA/TAM/DSSPS

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.