La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres adolescentes por su presunta responsabilidad en los asesinatos de cuatro ciudadanos, en hechos diferentes ocurridos entre mayo y noviembre de 2025 en Neiva (Huila).
Una fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional Huila les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y hurto calificado, todas las conductas agravadas. Solo uno de los jóvenes aceptó los cargos.
El pasado 28 de noviembre, en el barrio La Esperanza del corregimiento El Caguán, llegó un adolescente a la casa de su tía y comenzó a pedir alojamiento. En el momento en que la mujer se quedó dormida, el joven, presuntamente, la atacó con un objeto contundente y después la asfixió, para apoderarse de sus pertenencias.
Por otra parte, en mayo pasado, en el barrio Sinaí, un menor de edad, de 16 años, al parecer, atacó con arma de fuego a otro adolescente que iba con rumbo a su casa. La víctima falleció en el lugar de los hechos.
Finalmente, el pasado 13 de julio en el asentamiento El Callejón, ubicado en la vereda El Venado, un joven, en compañía de otra persona, llegaron a bordo de una motocicleta y, presuntamente, les dispararon a una pareja de adolescentes, de 14 y 15 años. Las víctimas fueron trasladas a un centro asistencial, donde fallecieron.
La Policía Nacional aprehendió a los menores de edad, quienes, por disposición de jueces de control de garantías deberán cumplir con medidas de internamiento preventivo en centro especializado.
WAGG/LMFO/AMCJ/PA/JCFJ/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
