En las últimas dos semanas, uniformados de la Policía Judicial del CTI, de la Fiscalía Seccional Huila, con el apoyo de Ejército Nacional, han materializado nueve órdenes de captura para cumplir condenas, emanadas por distintos juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva.

Los capturados deberán cumplir penas en prisión por diferentes delitos como homicidio, hurto, porte ilegal de armas y violencia intrafamiliar, entre otros. Dos de las capturas fueron ejecutadas con el apoyo de la Sijín y Policía Nacional.

Las capturas

Luis Eduardo Herrán Trujillo fue capturado para cumplir condena de 3 años de prisión por el delito de violencia intrafamiliar. El 6 de enero pasado, el sentenciado le propinó golpes a su hermana y a quien amenazaba e intimidada constantemente. El condenado es reincidente en esta conducta.

Por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y hurto calificado y agravado, fue condenado a 9 años y tres meses de prisión Luis Alberto Polanco Cruz. El sentenciado atracó un bus público de servicio urbano con arma de fuego, el 22 de junio de 2020, en el barrio Alberto Galindo de Neiva. En los hechos también fue golpeado el conductor del vehículo.

A una pena de 11 años y 5 meses de cárcel fue condenado Ángel Duván Jiménez Chala por el delito de homicidio. El primero de septiembre de 2019, en el barrio San Bernardo de Neiva, el capturado, en medio de una riña, hirió con arma blanca a una mujer identificada como Marisol Garzón Sunce quien falleció a causa de las lesiones. Su captura la llevaron a cabo uniformados del CTI y de la Sijín.

El 29 de octubre de 2020, Aldemar Calderón Romero, junto con otra persona, entró a un almacén en Pitalito (Huila) e intimidó con arma blanca al dueño, al que le hurtó cuatro millones de pesos. Por estos hechos cumplirá una condena de 12 meses por el delito de hurto agravado.

Rubén David González Quiroga, fue condenado a 4 años y seis meses de prisión por el delito de fabricación, tráfico, porteo tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El hombre fue sorprendido portando un arma tipo escopeta de doble cañón en inmediaciones del barrio Gaitán, de Neiva (Huila), el 3 de septiembre de 2019.

Otra captura ejecutada fue en contra de María Eugenia Guzmán Reina, procesada por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, luego que el 15 de octubre de 2017 le hallaran en su lugar de residencia, en el barrio Las Acacias, en Neiva, 62 cigarrillos de marihuana y dinero en efectivo producto de la comercialización del alucinógeno. La pena impuesta fue de 2 años y 8 meses de prisión.

A su vez, Robinson Amaya Jiménez deberá cumplir una pena en prisión de 2 años y 8 meses, por el delito de lesiones personales dolosas, en el que resultó herido un menor de edad en zonza rural de Tello (Huila), el 24 de febrero de 2013.

A una pena de 19 años de prisión fue condenado Héctor Luis Barragán Chacón por el homicidio de una persona que trató de evitar un hurto, el 23 de mayo de 2012, en el barrio Puertas del Sol de la capital huilense. Los delitos por los que Barragán Chacón es penalmente responsable son fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, homicidio agravado, hurto calificado y agravado.

Edin Gaspar Vanegas, entre tanto, fue sentenciado por el delito de inasistencia alimentaria a 2 años y 8 meses de prisión. El capturado debe $4.500.000 en cuotas alimentarias y el pago de perjuicios a su hija menor de edad, según hechos que se remontan al 5 de marzo de 2007.

La Fiscalía General de la Nación publica esta información por razones de interés general.

LMGM/CFG/AMCA

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.