La pareja fue capturada en flagrancia cuando pretendía recibir 10.000.000 exigidos bajo amenazas.

En la foto aparecen los capturados de frente y custodiados por uniformados del Gaula de la Policía y Ejército Nacional. En la foto aparece una mesa con el material incautado, una moto, celulares y dinero en efectivo.
Esta pareja fue capturada por la Policía y el Ejército Nacional, mientras se disponían a recibir el dinero exigido.

Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario contra Yeraldin Flórez Hernández y Jesús Antonio Cuéllar Ramírez, presuntos responsables de realizar cobros ilegales a un comerciante en  Tello (Huila).

Un fiscal les formuló imputación por  el delito de extorsión agravada. El cargo no fue aceptado por los procesados.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 22 de octubre. La víctima fue contactada a través de mensajes de texto, al parecer, por Flórez Hernández y Cuéllar Ramírez, quienes le enviaron fotografías de panfletos alusivos con un grupo criminal, en los que exigían el pago de $10’000.000, a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia y poder desarrollar su negocio.

Posteriormente, los procesados, presuntamente, citaron al comerciante para que entregara el dinero, en una vía pública de Tello (Huila), el pasado 5 de noviembre.

Esta pareja fue capturada por la Policía y el Ejército Nacional, mientras se disponían a recibir el dinero exigido. Durante el operativo fue incautado dos celulares, un panfleto, una moto y el dinero en efectivo.

 

WAGG/LMFO/CNCB/JCFJ/DSH

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.