Una fiscal de la Unida Vida de la Seccional Norte de Santander judicializó a dos hombres por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y/o munición, por hechos ocurridos en los municipios de Los Patios y Cúcuta (Norte de Santander).
El primer hecho ocurrió el 20 de marzo último, cuando Néstor Andrés Jaramillo Vásquez en compañía de otros hombres que se movilizaban en motocicletas, al parecer le hurtaron un bolso a John Hamilton Santamaria Angarita, avicultor de profesión, y luego huyeron del lugar. La víctima los persiguió en su vehículo y estos al percatarse de la situación le habrían disparado en repetidas ocasiones, causándole la muerte.
En medio del ataque los implicados dejan una de las motocicletas abandonadas y continúan la fuga corriendo. Al cruzar el separador con arma de fuego intimidan a otro ciudadano, a quien despojan de su moto, la cual fue encontrada en el barrio Tierra Linda de los Patios (Norte de Santander).
Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía también le imputó a Jaramillo Vásquez el delito de hurto calificado y agravado.
Entretanto, el pasado 8 de mayo, en el barrio Chapinero de Cúcuta Yeison Omar La Cruz le habría causado la muerte con arma de fuego a José Mauricio Lizarazo Bastos. De acuerdo con las evidencias recaudadas por la Fiscalía, el crimen estaría relacionado con el negocio ilícito del microtráfico en esa zona.
Los afectados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía y el ente juzgador les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
MPHA/DATO/MG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
