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En Guaviare fue judicializada una mujer que estaría extorsionando a un profesor para no publicar imágenes íntimas 

Por solicitud de un fiscal especializado del Grupo Gaula,  un  juez de San José del Guaviare aseguró a Luz Carime Charria Rosales, de 45 años, quien le estaría exigiendo dinero a un hombre para no publicar imágenes íntimas suyas.

capturada de frente custodiada por dos policías. Detrás banner de la Policía Nacional.
Luz Carime Charria Rosales es imputada por el dleito de extorsión.

Según la investigación, desde noviembre de 2023 la procesada habría comenzado a llamar y enviar mensajes de texto a la víctima, donde le exigía un pago mensual para no divulgar las imágenes entre directivos y estudiantes del colegio donde trabaja como docente.

La víctima realizó dos consignaciones previas a través de empresas de mensajería.  Y este 27 de febrero, cuando entregaba una tercera cuota, la mujer fue capturada en flagrancia por personal del Grupo Gaula de la Policía Nacional en vía pública del barrio El Modelo de la capital guaviarence.

La detenida fue imputada por la Fiscalía por los delitos de extorsión consumada en concurso con extorsión tentada, los cuales no fueron aceptados. El juez le dictó medida privativa de la libertad con detención domiciliaria.

Con esta judicialización la Seccional Guaviare continúa trabajando de acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de esclarecer los delitos que afectan la seguridad ciudadana.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

PYMP/CFG/ICLH/DSG

 

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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