La capacitación sobre pilotaje de estos equipos habría facilitado el ataque con explosivos a bases militares y otras instalaciones oficiales en Arauca
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de que Deinner Fabián Alvarado Zalazar sería el responsable de vender drones a la comisión Ernesto ‘Che’ Guevara del ELN y capacitar a cabecillas e integrantes de esta estructura armada para que utilizaran los equipos en actos terroristas en Arauca.
Desde marzo de 2022, habría asumido el rol de proveedor, programador e instructor de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) para el grupo armado ilegal, actividad ilícita que presuntamente ocultaba a través de un negocio de comercialización de artículos tecnológicos para riego de agroquímicos, el cual era promovido por redes sociales.
Alvarado Salazar es señalado de diseñar un mecanismo de correas para sujetar explosivos a los drones y posteriormente lanzarlos sobre instalaciones militares. De esta manera, el pasado 12 de febrero, fue atacado el Cantón Militar San Jorge de Saravena (Arauca). La acción violenta dejó dos oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) heridos y cuantiosos daños materiales.
Asimismo, se han documentado eventos delictivos en los que los aparatos fueron utilizados para atentar contra instalaciones de la fuerza pública en Puerto Rondón o vigilar los desplazamientos de las tropas del Ejército Nacional en otros municipios de Arauca.
Por todo lo anterior, fue capturado en diligencia judicial realizada en Saravena, en la que también se incautaron varios artículos tecnológicos. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) lo presentó ante un juez penal de control de garantías y le imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo.
El procesado no aceptó cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
AMCJ/LCHG/JARG/LPG/NAE/UEI/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
