La Fiscalía General de la Nación judicializó, en el último mes a 14 personas que, en hechos distintos, estarían involucradas en agresiones a integrantes de su núcleo familiar en diferentes municipios de Cundinamarca.
Inicialmente, en Soacha, fueron judicializados diez hombres señalados de incurrir en constantes agresiones verbales, psicológicas, económicas y físicas, contra sus parejas. Investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) e integrantes de la Policía Nacional, capturaron a los presuntos agresores en distintos sectores del municipio.
De otra parte, la Fiscalía judicializó en La Mesa al presunto responsable de actos violentos contra su compañera sentimental en hechos ocurridos el pasado 16 de agosto. Asimismo, en San Antonio del Tequendama fue capturado en flagrancia, el 25 de octubre un hombre que habría agredido a su esposa con un arma traumática en medio de un episodio de violencia física y verbal.
En Cáqueza, la Fiscalía judicializó a un hombre como presunto responsable de ciclos de violencia contra su compañera sentimental. El último hecho, ocurrió el pasado 16 de octubre en la vereda Sáname de Fosca (Cundinamarca).
Por último, en Fusagasugá fue capturado un hombre que habría agredido a su exesposa con un arma cortopunzante en la mano derecha durante una discusión que se presentó el 14 de septiembre de este año.
La Fiscalía corrió traslado de escrito de acusación contra los catorce presuntos responsables por el delito de violencia intrafamiliar. Siete de ellas agravada. Un procesado aceptó el cargo.
Por disposición judicial, todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
ALGO/AMCJ/LCRQ/LMAM/GGPG/JCRV/HVM/FSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
