La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a siete personas que estarían involucradas en la distribución y comercialización local de estupefacientes en zona metropolitana de Cúcuta (Norte de Santander).
La investigación permitió recopilar elementos materiales probatorios y evidencia física mediante labores de policía judicial, entre ellas agentes encubiertos, compras controladas, interceptación de comunicaciones, registros fotográficos, diligencias de allanamiento y otras actividades investigativas orientadas a identificar la dinámica criminal de esta organización.
En virtud de lo anterior la Fiscalía solicitó órdenes de captura contra los presuntos responsables, las cuales fueron materializadas el pasado 26 de mayo en diferentes sectores de la comuna uno de la capital nortesantandereana, en un operativo conjunto entre servidores del CTI y personal de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
Los procesados son: Deivis Javier García Yepes; Yusmary Katherine Carvajal Cordero; Dany Santiago Rueda Montoya; Bárbara Nazareth Palma Ponce; Yosmary Rossana Castillo; Elise Celeste Arqueira Ayala, y Edgar Domingo Plata.
En audiencias preliminares ante un juez de control de garantías la Fiscalía les imputó cargos por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En el desarrollo de las diligencias judiciales cuatro de los procesados aceptaron cargos, mientras que los otros decidieron no allanarse a los mismos.
Posteriormente, el juez impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario para los siete procesados.
MPHA/AMCJ/WHDA/EDBCH/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
