La Fiscalía Seccional Norte de Santander logró la judicialización de una mujer por su presunta responsabilidad en el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Se trata de Ruby Estefanía Barón Vásquez, capturada en flagrancia por servidores del CTI en articulación con uniformados del Ejército y la Policía Nacional, en diligencia de registro y allanamiento coordinada por la Fiscalía Seccional a una residencia en el barrio Belisario de esta ciudad.

 Se visualiza a la captura en medio de un uniformado de la Policía Nacional e investigador del CTI. Al frente una mesa con el material incautado (armas y municiones). En la parte posterior los banners institucionales que identifican a la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación.
A Ruby Estefanía Barón Vásquez la Fiscalía le imputó cargos por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, tras su captura en flagrancia

En el procedimiento las autoridades le encontraron al parecer en su poder tres revólveres calibre 38 y 32 milímetros, tres pistolas calibre 9 milímetros, 55 cartuchos de diferentes calibres y cinco proveedores.

En audiencias preliminares la procesada de 24 años no aceptó la imputación de cargos de la Fiscalía y el juez le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

De esta manera la Seccional Norte de Santander sigue logrando resultados de acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de impactar manera contundente los delitos que afectan la seguridad ciudadana.

La Fiscalía habla con resultados. 

 

MPHA/CFG/AOG/DSNS

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.