El procesado habría cometido el ilícito por órdenes de alias Porras, detenido en la cárcel la Picota de Bogotá.
Labores investigativas adelantadas por un fiscal seccional de la Unidad de Vida en articulación con la el CTI y la Policía Nacional, lograron resolver la agresión con arma de fuego que terminó con la vida de una niña de tres años, de un hombre y heridas a la madre. Hechos ocurridos el pasado 20 de agosto en zona metropolitana de Cúcuta (Norte de Santander).
Se trata de Oswaldo Alexander González Subero, alias Valencia, quien, de acuerdo con el material de prueba recopilado, como entrevistas a testigos y otras pruebas, habría sido el autor material del ataque.
Según la investigación, al parecer, el homicidio fue ordenado por alias Porras detenido en la cárcel la Picota, contra la familia de alias Chanchiro con quien, al parecer, se disputan el control del patio 8 de la cárcel Modelo de esta ciudad.
Alias Valencia, presunto integrante del grupo delincuencial común organizado conocido como Los Porras, fue capturado mediante orden judicial este 25 de agosto, en el barrio Chapinero de esta ciudad.
Ante un juez con funciones de control de garantías, la Fiscalía le formuló cargos por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo simultaneo, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, los cuales no aceptó.
Tras la imputación, un juez con funcionades de control de garantías dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de González Subero, la cual cumplirá en una cárcel de máxima seguridad.
La Fiscalía habla con resultados
MPHA/FAGH/CHGA/AOG/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
