La Fiscalía General de la Nación a través de la Seccional Córdoba desplegará un equipo de 176 servidores en todo el departamento para acompañar la jornada de elecciones presidenciales de este próximo 31 de mayo.
Fiscales, asistentes de fiscal, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), receptores de denuncia y funcionarios de apoyo estarán disponibles para atender las denuncias de posibles delitos electorales, así como las alertas, en caso de que las haya, en los 594 puestos de votación del departamento.
La directora de la Seccional Córdoba, Silvia Helena Hoyos González, señaló que este despliegue de capacidades institucionales hace parte del Plan Estratégico para la Investigación y Judicialización de Delitos que Afecten el Derecho al Voto, el cual busca extender acciones para conocer y abordar los hechos delictivos que ocurran antes, durante y después de las votaciones.
Hoyos González informó que dentro del mapa de riesgo electoral que se realizó en Córdoba se identificó que Montería, Tierralta y Montelíbano requieren una vigilancia especial para el desarrollo de los comicios electorales.
A su vez la funcionaria le recordó a la ciudadanía los canales de atención al público para recibir sus denuncias si presencian algún tipo de delito electoral, a través de la página www.fiscalia.gov.co y la línea 122.
Es importante destacar que los días de elecciones la Fiscalía estará presente en los 30 municipios del departamento, incluso en donde no hay presencia física de la entidad ya que se dispondrá de un funcionario para la recepción de denuncias.
VHGB/AMCJ/SHHG/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
