Tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Víctor Manuel Feria Berrío y Walberto Rafael Montes Arrieta, quienes estarían involucrados en dos asesinatos registrados en Córdoba, en hechos distintos.
En ese sentido, fueron imputados de acuerdo con su nivel de participación, por los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los procesados no aceptaron cargos.
Inicialmente, una investigación liderada por una fiscal de la Unidad Vida de la Seccional Córdoba, permitió establecer que Feria Berrío, en medio de una riña, habría atacado con un arma cortopuzante a otro hombre.
Los hechos materia de investigación se presentaron el 20 de marzo pasado en un establecimiento comercial ubicado en San José de Uré (Córdoba). El hoy imputado, fue capturado en flagrancia y al realizarle un registro por parte de las autoridades se le halló el arma con la cual habría cometido el homicidio.
De otra parte, Montes Arrieta, reconocido con el alias de Chucky, el pasado 30 de enero, en Montelíbano (Córdoba), habría atacado a un ciudadano, de 42 años, mientras estaba frente a una vivienda. El señalado victimario desde una motocicleta, al parecer, le disparó en varias ocasiones, causándole la muerte.
Tras cometer el hecho, alias Chucky y la persona con la que se movilizaba en la moto huyeron con rumbo desconocido. El hoy procesado fue capturado el pasado 1 de abril en el barrio Jerusalén de Planeta Rica (Córdoba), por servidores de la Policía Nacional.
VHGB/AMCJ/SNF/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
