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En caso Agro Ingreso Seguro juez avala preacuerdo

El Juez 45 Penal del Circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, por solicitud del Fiscal 10 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, avaló hoy el preacuerdo al que llegó el ente acusador con la familia Dávila Jimeno, cuyos cuatro integrantes aceptaron su responsabilidad en el delito de peculado por apropiación en concurso con el de falsedad en documento privado.

El fiscal del caso indicó que el preacuerdo contempla para Juan Manuel Dávila Jimeno una pena de 22 meses y para su esposa Maria Clara Fernández de Soto, sus hijos  Ana María  y Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, penas de 20 meses cada uno.

La Fiscalía explicó que los Dávila Jimeno reintegraron $2.212.501.313, correspondientes a los auxilios otorgados por el programa Agro Ingreso Seguro, AIS, por lo que recibieron rebaja de pena, al igual que por aceptar los punibles ya citados.

El funcionario judicial sostuvo que esas cuatro personas se comprometieron a ser testigos de cargo en contra de varios de los encartados, entre ellos el ex ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Felipe Arias Leyva.

La lectura de la sentencia se efectuará en octubre próximo.

 

Juicio en Bogotá

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aceptó la petición de la Fiscalía de mantener la competencia territorial en Bogotá del proceso que se adelanta en contra de la familia Dávila Abondano, por las presuntas irregularidades en la entrega de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro, AIS.

De acuerdo con lo señalado por el fiscal a cargo del caso, el juicio se efectuará en un juzgado de Bogotá y no en Santa Marta, como lo solicitó la defensa de los acusados.

El 27 de junio último la Corte Suprema al referirse a una situación similar de la familia Vives Lacouture señaló que la competencia del trámite del juicio debe ser en la ciudad donde se surtieron los efectos jurídicos.

“ Fue en Bogotá donde el Iica, Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, estudió las propuestas de los diferentes peticionarios y aspirantes a los subsidios. Allí se hicieron los análisis, los requerimientos y se aprobó por parte de los comités administrativos la entrega de los apoyos económicos”, explicó el fiscal del caso.

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