Fiscales de la Seccional Bolívar judicializaron, en procesos independientes, a cuatro hombres presuntamente comprometidos en hurtos violentos en Cartagena.
Se trata de David Muñoz Coronado y Yohan Andrés Martínez Cera quienes habrían participado en el hurto del que fue víctima una persona que el pasado 25 de septiembre retiró 10 millones de pesos de un cajero automático ubicado en un centro comercial del barrio Pie de la Popa.
El delito ocurrió al interior de un concesionario donde la víctima esperaba adquirir una motocicleta. Muñoz Coronado, al parecer, ingresó al establecimiento comercial y con un arma de fuego le exigió la entregara el dinero. La Policía Nacional capturó a los dos hombres poco después de huir del sitio.
En otra decisión fue privado de la libertad Jhon Bairon Martínez Hernández quien habría intimidado a una mujer con un arma blanca, para robarle su celular. El delito fue cometido el 29 de septiembre anterior, en el barrio Las Gaviotas. Poco después de cometer el crimen el hombre fue detenido por la Policía Nacional.
Finalmente, Dairo Arias Berrío fue judicializado por su aparente participación en un hurto ocurrido en una vivienda del barrio Olaya Herrera. Los hechos sucedieron el 19 de julio. En desarrollo del delito el ahora procesado agredió a una mujer que se encontraba en el lugar, a quien le fueron hurtados un celular, zapatos, víveres y dinero en efectivo. El señalado responsable fue capturado el pasado 30 de septiembre en el sector de Ricaurte del barrio Olaya Herrera.
Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en el delito de hurto calificado agravado. Tres de los investigados deberán cumplir medidas de aseguramiento en centros carcelarios. Martínez Cera, lo hará en su domicilio.
MEVA/MAGA/PA/MT/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
