Por petición de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, que en hechos diferentes, habrían participado en cuatro asesinatos ocurridos en Cartagena (Bolívar).

En ese sentido, fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar les imputaron los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; ambas conductas agravadas. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Inicialmente, fue judicializado Wilfredo González González, quien, el pasado 7 de febrero, llegó hasta un establecimiento público del barrio Olaya Herrera y, sin mediar palabra, habría disparado contra tres hombres, de 35, 43 y 44 años, que se encontraban allí departiendo.

Dos de las víctimas fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que la tercera murió días después en el centro médico donde era atendida. El presunto sicario se encuentra privado de la libertad en una cárcel de Sincelejo (Sucre) cumpliendo una medida por otro proceso.

En otro hecho, también fue judicializado Lewis Orozco Herrera, por su presunta participación en el asesinato de una persona, de 22 años, el pasado 31 de marzo. Los acontecimientos se registraron en la salida de un cementerio, ubicado en el barrio Alameda la Victoria, donde este hombre, al parecer, conducía la motocicleta desde la cual un parrillero disparó en la cabeza de la víctima.

El hombre fue trasladado hasta un centro asistencial, pero falleció por la gravedad de las lesiones. La Policía Nacional, que fue alertada de lo sucedido, lo capturó en el barrio El Socorro cuando intentaba huir.

 

 

 

 

MEVA/LMFO/AMCJ/RF/JB/EGM/DSB

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.