Las pruebas aportadas por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar, permitieron que jueces de conocimiento en procesos distintos condenaran a dos agresores sexuales en Cartagena.
Los implicados fueron hallados culpables, según sus responsabilidades individuales, de delitos como actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar.
En uno de los casos fue sentenciado a 9 años de prisión un adulto mayor que incurrió en tocamientos de índole sexual en contra de una menor de 8 años. La decisión se refiere a hechos ocurridos en noviembre de 2020, en el barrio Blas de Lezo.
La Fiscalía constató que el ahora condenado, de 62 años, aprovechó que la menor estaba en una fiesta familiar, para ingresar a una habitación donde la niña jugaba y someterla a vejámenes sexuales. Esta decisión judicial fue apelada por la defensa del procesado.
Por otra parte, y mediante un preacuerdo realizado con la Fiscalía, fue condenado a 8 años y 4 meses de prisión un hombre que agredió física, verbal y sexualmente a su excompañera sentimental.
Los hechos ocurrieron entre el 26 y 28 de septiembre de 2023, en el barrio Fredonia. La Fiscalía demostró que durante ese dicho periodo el hombre, de 46 años, golpeó y amenazó a su pareja con asesinarla en caso de negarse a sostener relaciones íntimas. Una herida en el rostro permitió que la víctima fuera trasladada a un centro asistencial. El agresor fue capturado en octubre del mismo año.
Los dos sentenciados fueron inhabilitados para el ejercicio de derechos y funciones públicas por periodo igual a las penas impuestas.
MEVA/MAGA/YQ/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
