Por solicitud de fiscales de la Seccional Bolívar, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centros carcelarios contra seis personas que, en hechos distintos, estarían involucradas en porte ilegal de armas en esta zona del país.
En el desarrollo de las audiencias preliminares, fueron imputados de acuerdo con sus responsabilidades individuales por los delitos de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno aceptó los cargos.
Entre los asegurados están Kevin Yair Ospino Sibaja, Jorge Daniel Bobadilla Gazabón, Sergio Luis Herrera Anillo; Jorge Antonio Pacheco Gómez, alias El Talia; y Jhon Heiner Fernández del Toro, alias Felipe.
Estas personas fueron capturadas en flagrancia el pasado 18 de marzo por la Policía y la Armada Nacional en el corregimiento de Santa Helena de El Carmen. En su poder les fue incautado material bélico, armas de fuego, proveedores, además de cartuchos para fusil y armas de fuego.
De otra parte, también fue privado de la libertad Roberto Carlos Baldiri Carrillo, quien al parecer, pretendió hurtar con un revólver una ferretería en el barrio Villa del Sol 2 en Turbaco.
En medio del hecho el hombre huyó del establecimiento comercial y fue capturado por uniformados de la Policía Nacional momentos después de que arrojó el arma de fuego a un lote baldío. Las autoridades también le encontraron dos cartuchos, todos los elementos sin salvoconductos.
MEVA/AMCJ/VG/LO/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
