Elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a tres presuntos integrantes de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del ‘Clan del Golfo’, que delinquían en varios municipios de Bolívar.
Se trata de Diomar Enrique Terán Fonseca, alias Buche; David Segundo Pasos Arroyo, alias Chonguito, y Silvia María Castilla Reyes, alias Pucca o Andrea, a quienes les fueron imputados, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir, homicidio, ambas conductas agravadas y tentativa de homicidio. Ninguno aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, los procesados en sus distintos roles dentro de la organización criminal, tales como sicarios, marcadores, logísticos, entre otros, estarían involucrados en al menos siete asesinatos ocurridos entre 2023 y 2024 en las poblaciones de Turbaco y El Carmen de Bolívar.
Entre los crímenes que se le atribuyen están el de un firmante del acuerdo de paz y un familiar, quienes recibieron múltiples disparos cuando caminaban por un polideportivo en el barrio El 28, de El Carmen de Bolívar. El atentado se produjo el 24 de noviembre de 2023.
En este municipio también participaron en los homicidios de un estilista ocurrido en el barrio La Victoria el 5 de septiembre del mismo año, y en el de un vigilante del aeropuerto, el 27 de febrero de 2024.
Estas personas fueron capturadas en operativos adelantados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de la Infantería de Marina y la Policía Nacional, en El Carmen de Bolívar y Turbaco.
MEVA/AMCJ/CM/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
