La Fiscalía General de la Nación judicializó, en procesos distintos, a tres hombres presuntamente implicados en extorsiones a comerciantes de Bolívar.
Entre los procesados están Óscar Javier Quintana Cárdenas, alias Pambe, y William José Puello Mesino, alias Cuchilla, quienes fueron capturados en la vía que conecta al corregimiento de Zipacoa con el municipio de Villanueva, el pasado 23 de agosto por uniformados de la Armada y la Policía Nacional.
Los procesados habrían simulado ser integrantes de un grupo armado ilegal para intimidar al propietario de varios establecimientos de comercio en Villanueva. A la víctima, se cree, le exigieron 20 millones de pesos, so pena de ser asesinado él y su familia y de continuar laborando con su actividad económica.
En desarrollo de las capturas a los procesados les fue incautada un arma de fuego y seis cartuchos calibre 38, sin permiso oficial de porte.
En otra acción fue judicializado Yordi José Brochero Melgarejo, quien le habría exigido el pago de 400.000 pesos a un comerciante del barrio La Esperanza en Cartagena. La Fiscalía investiga si el procesado estaría implicado en otras exigencias económicas ilegales en el sector de La María.
Labores de policía judicial evidencian que el pasado 19 de agosto Brochero Melgarejo habría recibido de la víctima el dinero producto de la extorsión. Poco después uniformados del Gaula materializaron su captura.
Los procesados fueron imputados, según sus responsabilidades individuales, con delitos de extorsión y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas. Ninguno de los cargos fue aceptado.
Por disposición judicial los tres investigados deberán cumplir medidas de aseguramiento en centros carcelarios.
MEVA/MAGA/FP/WN/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
