Una de las investigaciones da cuenta de una canina que murió luego de ser lanzada desde el balcón de un edificio.
La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), judicializó en Bogotá a dos personas quienes, en hechos independientes, habrían incurrido en graves afectaciones contra animales de compañía.
Uno de los hechos ocurrió el pasado 24 de octubre en un conjunto residencial en el norte de la capital del país. Como Andrés Mauricio Ariza Durán fue identificado el hombre que, según varios vecinos, estaba maltratando a Samantha, una canina Golden Retriever de 14 años.

Un video se ve cómo esta misma persona, presuntamente, incurrió en maltratos reiterados contra Samantha, uno de estos se habría concretado en cuarto de basuras del edificio. Por esto, un fiscal imputó al procesado el delito de lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal, agravado. Cargo que no fue aceptado.
Otro caso similar ocurrió el pasado 26 de noviembre en un conjunto del barrio Bosa Porvenir. Olga Patricia Marín Sotelo, al parecer, lanzó a Mila, una perra de 8 meses de edad desde el balcón de un apartamento ubicado en un segundo piso de una de las torres. Este hecho produjo el deceso de la canina. Por estos hechos, un fiscal imputó a la procesada el delito de muerte al animal agravado, cargo que fue rechazado por la mujer.
Las agresiones fueron verificadas luego de que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) realizara visitas de inspección en los lugares de los hechos.
JPP/MAGA/JMTS/GELMA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.





