Elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía permitieron que jueces de Magangué y Arjona (Bolívar) profirieran medida de aseguramiento en contra de dos personas presuntamente responsables del delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

La primera decisión judicial cobijó a Liliana Patricia Arroyo Hernández, quien el pasado 5 de diciembre fue capturada en flagrancia cuando al parecer intentaba ingresar a una estación de policía una droga camuflada en frascos de medicinas.

Según consta en el proceso, Arroyo Hernández, de 34 años, llegó a visitar a su compañero sentimental que se encontraba detenido y al momento de la requisa rutinaria le fueron encontradas cinco 5 papeletas de cocaína y 2 de marihuana que venían mimetizadas en un recipiente de antiácido para el estómago.

El segundo caso ocurrió en la carretera que de Arjona conduce a Turbaco (Bolívar), donde uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a Winder Luis Torres Rebollo, alías Pinky, a quien le fue hallada una bolsa con cocaína.

Contra este hombre, de 32 años, pesa además una condena de 12 meses de prisión por el delito de hurto calificado agravado.

En el desarrollo de las audiencias los implicados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía y por disposición judicial la reclusión de la mujer se llevará a cabo en la cárcel Camilo Torres de Magangué y la de alías Pinky en la cárcel San Sebastián Ternera de Cartagena.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados. 

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 MEVA/CFG/LO/AN/DSB

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.