Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías de Ibagué (Tolima) impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario a dos hombres que habrían incurrido en violencia sexual e intrafamiliar. Dos de las víctimas son mujeres, una de ellas, menor de edad. Uno de los señalados agresores, también habría lastimado a su propio hijo.
El primer caso ocurrió el 27 de diciembre de 2023 cerca al cementerio San Bonifacio de la capital tolimense, donde una menor de edad habría sido interceptada por un hombre quien, se cree, la intimidó con un cuchillo para despojarla de sus pertenencias, y luego la agredió sexualmente. El presunto responsable fue identificado como Camilo Ureña. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) imputó al procesado los delitos de acceso carnal violento y hurto, cargos que no aceptó.
El segundo caso sucedió el 16 de enero de 2024 en una vivienda donde un hombre habría amenazado con un arma de fuego a su esposa, obligándola a sostener relaciones sexuales con él. En otro hecho de intolerancia, la misma persona, al parecer causó a su propio hijo una incapacidad de ocho días. Esta agresión ocurrió en febrero pasado. El presunto agresor fue imputado con los delitos de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar, cargos que no aceptó.
La captura de los investigados estuvo a cargo de integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército y la Policía Nacional.
Foto de la captura de un hombre señalado de abusar sexualmente de su pareja sentimental y de golpear a su hijo, menor de edad.
JPP/MAGA/PO/DCG/UENNA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
