Por petición de un fiscal de la Seccional Valle del Cauca, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelarioJuan Carlos Corrales Hincapié y Jhon Breyner Bernal González, quienes habrían participado en la retención ilegal de un ciudadano en Tuluá.

En la fotografía aparecen de pie, con los brazos adelante y esposados Juan Carlos Corrales Hincapié y Jhon Breyner Bernal González. Uno, viste con camiseta sin mangas, de color negro y estampado marrón a la altura del pecho; bermuda de color verde oscuro y pantuflas verdes. El otro viste camisa y pantalón camuflados y pantuflas verdes. Al extremo derecho hay un servidor del CTI de la Fiscalía y un uniformado del Ejército. Al extremo derecho hay un uniformado de la Policía Nacional y del Ejército. Detrás de ellos hay dos pendones institucionales de la Fiscalía y del Ejército.
Juan Carlos Corrales Hincapié y Jhon Breyner Bernal González habrían secuestrado a un ciudadano y exigido a sus familiares 6 millones de pesos por su liberación, en Tuluá (Valle del Cauca).

Bernal González y Corrales Hincapié de 20 y 25 años, respectivamente, fueron imputados con el delito de secuestro extorsivo agravado. Al parecer, los procesados exigían a los familiares de la víctima el pago de seis millones de pesos por la liberación del ciudadano.

Labores de policía judicial evidenciaron que el plagio ocurrió el pasado 15 de julio en el barrio La Paz de Tuluá, y que las exigencias económicas ilegales eran realizadas a través de llamadas, y en otras oportunidades de manera personal.

Acciones coordinadas entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional permitieron la captura de los dos procesados, el pasado 25 de septiembre.

En desarrollo de las audiencias concentradas ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en los hechos.

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.