La Fiscal General de la Nación, Viviane Morales Hoyos, señaló que la entidad a su cargo viene investigando con la debida diligencia, como lo indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, las graves violaciones a los derechos fundamentales en un país que como Colombia tiene víctimas de desaparición forzada, violencia sexual, desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales.
Durante su intervención en el panel efectuado en el contexto del 92 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se efectúa en Bogotá, la Fiscal señaló que en tal sentido los fiscales colombianos tienen en cuenta aspectos como: investigación de contexto, perspectiva de género, y el derecho de las víctimas.
Aseveró que es necesario tener en cuenta los factores político, social y económico que pueden contribuir a hallar la explicación de hechos que no deben ser investigados por fuera del medio en el que se produjeron.
Sobre la perspectiva de género explicó que la Fiscalía viene trabajando en el desarrollo de una política de igualdad y no discriminación con enfoque diferencial, para abocar las investigaciones por delitos perpetrados en contra de indígenas, mujeres, personas discapacitadas, y poblaciones vulnerables. Aseveró que en los casos de violencia contra la mujer es obligación estatal hacer un reforzamiento en el aspecto investigativo.
Al referirse al derecho de las víctimas, su participación en los procesos penales, puso de presente el trabajo de la Unidad Nacional de Justicia y Paz que ha tenido la participación de 51.676 víctimas en las versiones de los postulados e indicó que hay 30 cargos por violencia sexual. .
RESPUESTA INSTITUCIONAL
La Fiscal Morales Hoyos al referirse a la respuesta de la entidad subrayó que la entidad a su cargo es consciente del deber constitucional y convencional que tiene e indicó que para ello cuenta con las Unidades Nacionales de Derechos Humanos y DIH y de Justicia y Paz que en medio del conflicto han desarrollado su tarea.
Señaló que la Unidad de Derechos Humanos y DIH, con 8.295 procesos a su cargo, tiene entre otras investigaciones las de las víctimas de la Unión Patriótica por las que ya hay 270 personas acusadas y se han obtenido 227 sentencias condenatorias. Agregó que esa dependencia tiene bajo su responsabilidad 1.598 casos de homicidios en los que figuran como posibles responsables agentes del Estado. Por estas investigaciones hay 1.489 acusados y se encuentran detenidas 1.411 personas.
Del total de las 3.252 condenas logradas por fiscales de Derechos Humanos, 315 han sido para agentes del Estado, añadió. Con relación al caso Soacha recordó que recientemente un juez de la República sentenció a un oficial, un suboficial y cinco soldados profesionales a penas que oscilan entre 28 y 55 años de prisión, y precisó que otros 43 uniformados se encuentran en etapa de juicio.
Al profundizar en la labor de la Unidad para la Justicia y la Paz la Fiscal informó que hay 4.634 postulados, de los que 4.131 son ex integrantes de autodefensas y 503 son ex guerrilleros. Reveló que esa dependencia tiene registradas 342.384 víctimas, y destacó que los funcionarios de tal Unidad han atendido a 165.296 víctimas de las que 38.815 son víctimas de desplazamiento forzado. Igualmente, continuó, han sido ubicadas 3.304 fosas con 4.064 cuerpos de los que han sido identificados plenamente 1.514 y han sido entregados a sus deudos 1.439. También se han tomado 15.685 muestras de ADN para identificar a las víctimas.
También, subrayó, que los fiscales de esa Unidad han conocido de 25.127 hechos delictivos, se han confesado 670 masacres, se han hecho 630 imputaciones, se han formulado 430 cargos por reclutamiento ilícito y se han obtenido cuatro sentencias condenatorias.
Al término de su intervención, la Fiscal General subrayó la importancia de seguir las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y conocer las experiencias de otros países del continente como una ruta correcta para cerrar el círculo de las graves violaciones de derechos humanos que por tanto tiempo se ha dado en Colombia.
