La Fiscalía General de La Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a Cipriana Padilla Navarro, Diego Nolberto Mora Torres y Damaris Torres Mejía, quienes al parecer son responsables de hechos de secuestro, hurto y extorsión a una familia en Agrado (Huila).
A los hoy capturados la Fiscalía les imputó los delitos de secuestro simple, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, extorsión con circunstancias de agravación punitiva consumada y tentada y hurto calificado con circunstancias de agravación punitiva. No se allanaron a los cargos.
La investigación da cuenta que el 29 de junio de 2021, los procesados presuntamente irrumpieron en la vivienda de una familia, los intimidaron con armas de fuego, los amordazaron y los amarraron de pies y manos para hurtarles 8 millones de pesos en efectivo, un anillo de oro y dos pistolas, entre otras pertenencias.
Luego de los hechos, al parecer huyeron en motocicletas tras amenazar a la víctima con que los iban a contactar para que les entregaran más dinero.
También se logró determinar que ocho días después de ocurrido el delito, los implicados habrían regresado al lugar con panfletos que, supuestamente, los vincularían con el grupo armado ilegal conocido como Comandos de La Frontera que delinquiría para las extintas Farc-Ep.
La víctima al parecer entregó 20 millones de pesos a los victimarios, quienes luego se supone continuaron con las exigencias económicas en las que acordaron una nueva entrega de 10 millones de pesos.
Durante la entrega del dinero fueron capturados en flagrancia dos hombres quienes están privados de la libertad por esta investigación.
Funcionarios del Gaula de la Policía Nacional capturaron a Padilla Navarro en El Espinal (Tolima) y a Mora Torres y Torres Mejía en Mocoa (Putumayo) este 25 de enero.
La Fiscalía General de La Nación habla con resultados.
LMGM/CFG/DSPB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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