En diligencias de registro y allanamientos efectuadas el pasado 11 de febrero, bajo la coordinación de una fiscalía seccional antinarcóticos, personal de la Policía Nacional capturó a dos hombres, quienes al parecer se dedicaban a la comercialización y distribución de sustancias estupefacientes en Cúcuta (Norte de Santander).
De acuerdo con información suministrada por la comunidad y obtenida en actividades de policía judicial como entrevistas, seguimientos e interceptaciones, la Fiscalía evidenció que Luis Antonio Wilches Becerra, al parecer utilizaba su residencia en el barrio Villa Nueva, para expender sustancias estupefacientes en pequeñas cantidades.
El hombre, no aceptó su responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Por otra parte, Javier Eduardo Arenas Suárez fue capturado en el barrio Motilones, donde las autoridades le hallaron un arma traumática, sustancia estupefaciente (cocaína) y le incautaron una motocicleta que posiblemente era utilizada para la venta de los narcóticos.
En audiencias preliminares, el Juzgado Promiscuo Municipal de Salazar de las Palmas (Norte de Santander) impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Arenas Suárez por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico, fabricación o porte de sustancia estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios partes o municiones.
Los dos investigados fueron enviados a la Cárcel Modelo de la capital nortesantandereana.
La Fiscalía habla con resultados.
MPHA/DLBM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
