Esteban Suárez Díaz fue asegurado por un juez penal de Yumbo (Valle del Cauca) en establecimiento carcelario, luego de avalar la imputación de cargos en su contra, por parte de un fiscal seccional, como presunto autor de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas, accesorios, partes y municiones.
Los hechos por los cuales Suárez Díaz es procesado ocurrieron el 2 de enero de 2023 en una esquina del parque principal, ubicado en el barrio Belalcázar de este municipio industrial, cuando el asegurado disparó un arma de fuego contra Juan Pablo Ceballos Montoya, escolta de la Secretaría de Gobierno municipal, cuando se desplazaba en su motocicleta.
Según la investigación, la víctima cayó al suelo y quedó encima del automotor, siendo rematado por otro hombre, al no funcionar el arma del imputado. Durante el ataque armado resultaron heridas dos personas más, quienes se encuentran en centros asistenciales de Yumbo.
Los responsables y móviles del ataque armado contra las dos víctimas es motivo de investigación.
Luego del crimen de Ceballos Montoya, agentes de la Sijin de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a Esteban Suárez, cuando huía del sitio del homicidio.
Al revisar el SPOA, los investigadores establecieron que el hombre registra 3 anotaciones judiciales por los delitos de tráfico y porte de armas de fuego, hurto y tráfico y porte de estupefacientes.
En la inspección al lugar del crimen, los investigadores de Policía judicial además de la motocicleta que conducía la víctima, hallaron 10 vainillas de pistola 9 milímetros.
Durante las audiencias concentradas, el imputado no se allanó a los cargos.
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JGP/MG/AR/DSC /FAGH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
