Un incremento de más del ciento por ciento en las capturas contra presuntos delincuentes en La Guajira deja como resultado el proceso de modernización y priorización que se desarrolló en la Fiscalía General de la Nación en los últimos dos años.

En total, se efectuaron 4.077 capturas en flagrancia y 335 por orden de un juez en la jurisdicción del departamento. El Fiscal General de la Nación (e), Jorge Fernando Perdomo, manifestó que también se presentaron 2443 imputaciones, 692 acusaciones, 487 preacuerdos, 750 condenas y 33 absoluciones. Estas acciones hacen parte del fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, “el mayor mal que afecta a La Guajira”, enfatizó el funcionario.

En esa estadística se incluye la desarticulación de la banda de microtráfico Los Primos, cuyos diez miembros delinquían en Riohacha; la captura de los 17 miembros de Los Caraduras, una estructura delictiva dedicada al hurto, microtráfico y la extorsión, o la captura de 13 integrantes de Los Rastrojos.

Asimismo, Perdomo informó que se dieron 10 capturas y similar número de imputaciones por irregularidades en contratos de alimentación para niños.

En cuanto a corrupción por vínculos de políticos relacionados con las antiguas AUC, se han requerido 8 órdenes de captura, de las cuales han sido efectivas 6, entre ellas las de Marceliano de Jesús Gómez, respaldado por Cielo Redondo (persona con orden de captura vigente por hechos de corrupción).

Además, a la exalcaldesa de Manaure Francisca Freyle se le imputó contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por las irregularidades en un contrato para el mejoramiento de vivienda por 7.000 millones.

Asimismo, a un hombre conocido como el Monstruo del Modelaje le imputaron  pornografía infantil. Este individuo tenía circula roja de la interpol y realizaba sus actividades delictivas en La Guajira. Además, otros dos hombres, alias El Pastor y Alias Chivolo, que están vinculados a violencia sexual contra menores de edad.

 

Priorización de comunidades indígenas

En las temáticas referidas a la priorización de problemas penales que afectan a las comunidades indígenas, la Fiscalía investiga irregularidades en acueductos de Riohacha, Manaure, y Uribia.

Además, seis personas capturadas y 14 órdenes más de detención emitidas por los jueces que están pendientes de hacerse efectivas dejan como resultado preliminar las investigaciones que la Fiscalía realiza por la agresión sexual contra 38 niñas indígenas wayúu entre los años 2014 y 2015.

El Fiscal General de la Nación (e), Jorge Fernando Perdomo, explicó que estos casos entraron dentro de la política de priorización de la entidad y actualmente los procesos están a cargo de un fiscal de la Dirección Seccional de La Guajira.

A los capturados se les imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y se les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. En la investigación se ha establecido que muchos de los agresores son los padres y padrastros de las menores abusadas.

Esto se trata de hechos que escapan por completo de la jurisdicción indígena, como quiera que la violencia sexual contra menores de edad no hace parte de los usos y costumbres de los indígenas wayúu, explicó Perdomo.

 

Irregularidades en alimentación infantil

El contrato que por 5.700 millones de pesos suscribió la Alcaldía de Riohacha y una empresa contratista llamada Asociación Social del Caribe (Asocar) está siendo investigado por la Dirección de Fiscalía Nacional contra la Corrupción, informó el Fiscal Perdomo.

En relación con el Programa de Cero Siempre, por solicitud de un fiscal de la Dirección Seccional de Guajira se libraron 6 órdenes de captura contra 2 funcionarios del ICBF, 2 funcionarios del contratista Semillas Colombia y 2 proveedores de este. Cuatro de estos ya están privados de la libertad con medida de aseguramiento y les imputaron los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, porque presuntamente se apropiaron de 1.300 millones de pesos y falsificaron facturas y demás documentos contables con las cuales se hacían los cobros por parte del contratista al ICBF.

Adicionalmente, se estableció que, por intermedio de la esposa del representante legal del contratista Semillas Colombia se creó una empresa fachada llamada JGS  a través de la cual se apropiaron de los recursos destinados para el pago del personal del contratista, por medio de libranzas y comprobantes de egreso falsos, explicó Perdomo.

 

Exalcalde de Albania Yankeler Hernández

Este exalcalde fue capturado el 1 de abril de 2016 y fue imputado y se le impuso medida de aseguramiento intramuros por su presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado y falsedad ideológica en documento público, por las irregularidades en la celebración de un convenio con la  Fundación Abraham Serafín Castillo (Fundasec).

Al parecer el exalcalde habría omitido la respectiva licitación pública para contratar, favoreciendo irregularmente al contratista. Adicionalmente, durante la fase de ejecución se falsificaron actas de seguimiento de la construcción y fueron cobrados dineros de obras que nunca fueron realizadas. La apropiación ilegal alcanzó los 4.600 millones de pesos.

A Yankeler Hernández también le imputaron los mismos delitos por haberse apropiado de 6.500 millones de pesos aproximadamente por la no ejecución de contratos que este funcionario celebró en el año 2011 cuando era alcalde, para supuestamente reducir la mortalidad infantil de la población del municipio de Albania.

 

Muertes de niños wayúu por desnutrición

Dentro de la estrategia de priorización regional, se han articulado esfuerzos con la DIJIN, para, en primer lugar, establecer el número preciso y la identificación de los niños que habrían muerto por desnutrición, pues hasta el momento,si bien se han manejado diversas cifras sobre los niños que han muerto, no se ha precisado quiénes son los niños que habrían muerto y, particularmente, cuáles eran las entidades que estarían a cargo de la alimentación de los mismos.

Esta labor implica hacer un cruce de bases de datos a cargo de diversas entidades relacionadas con la protección y alimentación de los niños, tales como el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y las Secretarías de Educación y Salud de la Guajira y los respectivos municipios, pues a la fecha no existe un reporte oficial ni registros precisos de los niños que habrían muerto por dichas causas. Así, se establecerá si hay alguna conducta atribuible a alguna autoridad pública o, incluso, a los padres de familia de los menores.

 

Alias Marquitos Figueroa

Contra Marcos Figueroa, alias Marquitos, ya se le había imputado como persona ausente los homicidios de Dilger Becerra, exasesor jurídico de la Secretaría de Tránsito de Riohacha, y otras dos personas. La siguiente etapa en este proceso será la audiencia preparatoria.

Asimismo, se le imputará el homicidio de Henry Ustariz Esguerra, por el cual también está vinculado el exgobernador Francisco Gómez Cerchar, alias Kiko.

 

JGPV / AAEA