La Fiscalía General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigue al actual senador Álvaro Uribe Vélez porque cuando fue gobernador de Antioquia habría facilitado la labor de los paramilitares que causaron la masacre del corregimiento El Aro, en el municipio de Ituango (Antioquia).

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, explicó que esta determinación se tomó porque existen elementos que, en criterio del ente investigador, permiten inferir una presunta responsabilidad por omisión del entonces gobernador Uribe en el crimen, en el cual fueron asesinadas 19 personas por los paramilitares y 15 familias resultaron desplazadas de sus propiedades.

El 25 de septiembre del 1997, un grupo de hombres armados pertenecientes a las autodefensas llegaron a los corregimientos El Aro y La Granja, de Ituango, y desarrollaron una serie de violaciones a los derechos humanos de las personas que allí habitaban. Ese accionar concluyó con el homicidio de 19 de sus habitantes y los desplazamientos ya citados.

Para la Fiscalía, existen elementos que permiten hacer esta solicitud a la Corte Suprema, tales como la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 1º de julio del 2006 en la que fue condenada la nación porque las autoridades de la época en Antioquia permitieron que los paramilitares hicieran la matanza.

En tal momento, el jefe de la Fuerza Pública en Antioquia era el gobernador, Álvaro Uribe Vélez. Según la información existente, desde esa época, los paramilitares tenían una lista de localidades que iban a atacar y los ciudadanos ya habían informado a la Gobernación.

Precisamente, Montealegre señaló que en aquellos días, el defensor de los derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo había hecho conocer estos hechos a la Gobernación. Posteriormente, fue asesinado. “Jesús María Valle Jaramillo elevó comunicaciones a la Gobernación informando de la presencia de los paramilitares”, dijo el Fiscal. Asimismo, las autoridades municipales señalaron que cuando pidieron protección al Gobernador, allí les informaron que ante la cercanía de las elecciones, las tropas habían sido dispersadas y no había disponibilidad para enviarlas allá.

“Tendrá que decidir la Corte Suprema de Justicia si existe o no algún tipo de responsabilidad el exgobernador Álvaro Uribe por no haber tomado las medidas necesarias en calidad de gobernador para evitar la toma paramilitar de los corregimientos de El Aro y la Granja, donde murieron 19 personas y más de 15 familias fueron desplazadas”, enfatizó el Fiscal General.

Más adelante, Pedro Juan Moreno, entonces secretario de Gobierno de Antioquia, al parecer implicado en el homicidio de Valle, murió en un accidente aéreo. Alias Don Berna explicó que el expresidente Álvaro Uribe tuvo relación con la muerte del defensor de derechos humanos.

Montealegre afirmó que en la toma de estas decisiones se tuvo en cuenta el testimonio de alias Don Berna del pasado 12 de agosto del 2015, quien también relató en su prisión en Miami (Estados Unidos) que Uribe Vélez había tenido que ver, ya posesionado como presidente de la República, con una estrategia para desviar la investigación que se realiza sobre la matanza de El Aro.

Por esto, la Fiscalía envió copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue la posible responsabilidad en ese complot denunciado por el jefe paramilitar alias Don Berna, quien aseguró que se le ofreció dinero a un testigo de nombre Francisco Villalba, quien confesó su participación en la masacre El Aro, para que desviara la investigación, puesto que hacía señalamientos de participación de Uribe en la masacre.

Villalba fue muerto violentamente por sicarios cuando se hallaba bajo detención domiciliaria. Por estos hechos se compulsan copias a la Comisión de Acusación para saber si hay relación entre este complot y la muerte de Villalba, el cual fu calificado por alias Don Berna como un crimen de Estado.

Asimismo, la Fiscalía creó una comisión especial para que los procesos por las muertes de Valle y Moreno sean trasladados a Bogotá y sea este grupo el que asuma esos trabajos para establecer si hay relación entre ellos.

Además en la declaración de Don Berna se afirma que la muerte de Jesús María Valle también está relacionada con el caso del desplazamiento y muerte de personas en el corregimiento El Aro y la Granja. Según declaraciones que hizo en su momento la CIDH, Valle elevó comunicaciones a las autoridades departamentales informándoles de la presencia paramilitar en la región.

 

AAEA

 

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