Cobros por medicamentos no entregados a usuarios, por suministros de servicios de salud no prestados, por contratos nulos o inexistentes y favorecimientos en la adjudicación de otros, hacen parte de las 49 investigaciones que adelanta la Fiscalía por posible corrupción en el sistema de salud del departamento del Chocó.
De acuerdo con el informe presentado hoy por el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, a la Corte Constitucional durante la Audiencia Pública de seguimiento a la sentencia T-760 de 2008, la Fiscalía ha avanzado en diferentes líneas de investigación dejando como resultado, entre otras, 19 acusaciones, tres sentencias condenatorias, dos en etapa de juicio, y 25 más en indagación preliminar y preparación de audiencias de imputación.
Entre algunos casos destacados se encuentran tres procesos relacionados con contratos suscritos por el Departamento Administrativo de Salud del Chocó para el suministro de servicios médicos de baja y media complejidad a personas vinculadas al sistema de salud, los cuales al parecer no fueron prestados a los usuarios, pero si cancelados a las IPS. Por estos hechos se encuentran capturados el propietario de un consultorio ginecológico, el auditor médico de la Secretaría de Salud para la época de los hechos, el representante legal de la IPS y una bacterióloga, quienes en un proceso fueron acusados, en otro están en espera de sentencia, tras allanarse a cargos y en el último está por formularse la acusación.
Para adelantar las investigaciones de manera más eficaz, la Fiscalía General de la Nación generó ocho ejes temáticos que comprenden: los relativos a contratos suscritos por el Departamento Administrativo de Salud con droguerías para el suministro de medicamentos de alto costo, no incluidos en el POS; contratos con ocho IPS, para el suministro de servicios de salud de baja y media complejidad; contratos y otros títulos que generaron embargos y procesos ejecutivos contra Caprecom en esa regional; contratos que fueron cobrados al Departamento Administrativo de Salud mediante procesos ejecutivos; contrato para la recuperación de la cartera derivada del servicio de salud en el departamento; las relacionadas con el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó y la Lotería del Chocó y con el Hospital Eduardo Santos de Istmina; y una última que tiene que ver con presuntos favorecimientos en la adjudicación de 14 contratos del Departamento Administrativo de Salud del Chocó.
El desarrollo de estas las líneas de investigación depende igualmente de varias estrategias investigativas y organizativas creadas para hacer frente a los delitos contra la administración pública, en especial los relacionados con los recursos dirigidos a los sectores más vulnerables de la población colombiana, como la asociación de casos, priorizando los más graves que a la vez contribuyan a desmantelar las organizaciones criminales.
Con base en estas estrategias, se conformó una Unidad Investigativa que cuenta con dos fiscales y cuatro investigadores, quienes periódicamente presentan el resultado de los avances ante un Comité Técnico Jurídico y las Mesas de Trabajo. Al mismo tiempo varios casos fueron reasignados a un Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Quibdó, y que tiene acompañamiento jurídico de un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, encargado además, de realizar capacitaciones a los fiscales de esa seccional.
AMC/DLBM
