El reconocimiento de la violencia sexual como un fenómeno criminal de la mayor gravedad, que afecta a mujeres, hombres, niños y adolescentes en diversos escenarios, tanto en paz como en guerra, plantea unos retos particulares en las investigaciones que adelanta la Fiscalía en este tipo de delitos.

El Fiscal General (e), Jorge Fernando Perdomo, firmó el protocolo que brinda a fiscales e investigadores de todo el país, las herramientas para fortalecer las  capacidades institucionales para investigar efectivamente la violencia sexual en el país. El protocolo permite desarrollar la investigación de estos crímenes tomando en consideración el contexto de los hechos y la caracterización de las víctimas.

La Vicefiscal General de la Nación, Elka Venegas, explicó que la entidad ha “trabajado arduamente porque somos conscientes de la grave incidencia que tiene este fenómeno de violencia en poblaciones históricamente discriminadas como son las mujeres. Sólo en 2015, la Fiscalía General de la Nación registró 47.600 víctimas de violencia sexual, de las cuales 85% son mujeres. Además, los delitos sexuales se encuentran entre los 5 delitos que registran mayor número de entradas en la Fiscalía.

El Protocolo contribuye a la superación de prejuicios existentes en este tipo de investigaciones, dificultades en el recaudo de evidencias físicas y material probatorio, desafíos para la individualización de responsables, más allá de los autores materiales de las conductas, obstáculos que impiden la participación efectiva de las víctimas en todo el proceso de judicialización de los delitos.

El Protocolo tiene 5 capítulos, que están alineados con la estructura del proceso penal. El primer capítulo explica qué se entiende por violencia sexual, las afectaciones y efectos que lleva consiga en las víctimas, sus manifestaciones y contextos en los que ocurre, además aclara la vinculación de este tipo de delitos con dinámicas de violencia basada en género y otras formas de discriminación.

El segundo capítulo introduce lineamientos para la recepción y registro adecuado de la información inicial de los casos de acuerdo con diversas fuentes de conocimiento de los hechos, así como la activación de mecanismos de atención integral a víctimas de violencia sexual en términos de orientación, representación legal, atención en salud y protección.

El siguiente capítulo brinda lineamientos concretos a fiscales e investigadores para el desarrollo de la investigación que garanticen la adecuada recolección de evidencias para afirmar o desvirtuar las hipótesis criminales planteadas en el programa metodológico.

El cuarto punto aborda la tipificación de estos delitos en el código penal, así como los bienes jurídicos tutelados. De igual manera, presenta líneas generales que le da el derecho penal internacional a la violencia sexual como crimen de guerra y de lesa humanidad.

El último capítulo dispone los lineamientos para la judicialización de la violencia sexual a partir de un enfoque centrado en la víctima. Además incluye aspectos clave  para la preparación de la teoría del caso y otras herramientas útiles en la etapa de juicio.

Venegas manifestó que “el protocolo también desarrolla los estándares internacionales existentes en materia de violencia sexual y los aplica a la práctica investigativa y judicial colombiana. Esto incluye dar cumplimiento a la Convención Interamericana de Belém do Pará, que adopta medidas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

“La jurisprudencia en materia de violencia sexual adoptada por tribunales penales internacionales y de derechos humanos. El Estatuto de Roma, que establece criterios para sancionar la violencia sexual como delito de guerra, de lesa humanidad o genocidio. Entre otros.

“También se ajusta a mandatos como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha insistido en que para cumplir con el principio de debida diligencia, los estados deben diseñar protocolos para facilitar y fomentar la efectiva investigación de violencia física, sexual y sicológica”.

En la Fiscalía, durante los últimos 4 años, las investigaciones por violencia sexual muestran un incremento notable. Mientras que en el periodo 2008–2011, la entidad imputó cargos contra 12.531 personas, en el periodo 2012–2015 formuló imputación a 19.848 personas por agresiones sexuales de todo tipo.

Además, las condenas por estos delitos pasaron de 6.364 en el primer lapso a 7.731 en el período 2012-2015.

Este protocolo de investigación y judicialización de violencia sexual tuvo como insumo principal un documento desarrollado por la Corporación Sisma Mujer y contó con el apoyo financiero del Consejo Noruego para Refugiados, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, el ministerio de Justicia, el proyecto de Acceso a la Justicia de USAID, la Defensoría del Pueblo, entre otros organismos.

 

JGPV / AAEA