- El día de ayer, la Fiscalía General de la Nación dio inicio a una investigación por seguimientos e interceptaciones ilegales a la periodista Vicky Dávila Hoyos a raíz de una denuncia interpuesta por la periodista y su abogado. En el documento allegado a la Fiscalía se ponen en evidencia hechos muy concretos que denotan que Vicky Dávila, su familia y su equipo periodístico han sido víctimas de seguimientos e interceptaciones ilegales de sus comunicaciones privadas.
- La Fiscalía General de la Nación ha iniciado esta investigación con la hipótesis de que las amenazas, interceptaciones y seguimientos ilegales de las cuales ha sido víctima la periodista Vicky Dávila pueden guardar relación con una serie de notas y denuncias periodísticas que involucran presuntas irregularidades dentro de la Policía Nacional de la República de Colombia.
- Como Fiscal General de la Nación dispuse la creación de un grupo especial que investigará lo denunciado y donde no se descarta la posibilidad de citar a altos oficiales de la Policía Nacional para que rindan declaraciones.
- En el evento en que se llegara a comprobar que existe relación entre los hechos denunciados por la periodista en los medios de comunicación y los seguimientos e interceptaciones de los cuales presuntamente han sido víctimas ella, su familia y su equipo periodístico, considero que estaríamos frente a un hecho que constituye un gravísimo atentado contra la democracia colombiana y la libertad de prensa.
- La Fiscalía General recuerda que los periodistas y la labor que estos ejercen, son objeto de especial protección constitucional. Tal como lo ha señalado la Corte en múltiples oportunidades, la actividad periodística desempeña un papel protagónico en la consolidación de una sociedad pluralista y democrática. A través de ésta se hace posible el debate político amplio, la fiscalización y control de los poderes públicos, el cambio político y la formación de una opinión pública robusta. Por tanto, las amenazas contra un periodista, como consecuencia de su oficio, trascienden el simple ámbito de un hostigamiento contra la persona y constituyen por sí mismas una afectación contra el sistema democrático. De ahí la necesidad de condenarlas con vehemencia y sancionarlas oportuna y eficazmente.