En atención a los compromisos acordados con las comunidades indígenas del departamento de Chocó, iniciativa liderada por el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo; la Comisión de Asuntos Indígenas y la Dirección Seccional de Chocó realizaron 2 jornadas de denuncias en los municipios de Istmina y Quibdó, dirigidas exclusivamente a las comunidades indígenas, con el fin de conocer de primera mano las afectaciones en materia de justicia de las que han sido víctimas los aborígenes de la región.
A las jornadas, presididas por el Director Seccional de Chocó, Edison Alberto Booder Valencia, acudieron cabildos gobernadores, consejeros, docentes, líderes y víctimas de organizaciones étnicas, entre las cuales se encuentra la Asociación Woundeko, Organización Oich y la Organización Federewa. En total asistieron cerca de 30 personas.
El departamento de Chocó ancestralmente ha sido habitado por los pueblos indígenas de las etnias Embera, Wounaan y Tule, los cuales se encuentran distribuidos en toda la geografía departamental, a través de sus diferentes comunidades.
En la actualidad, la población indígena en el Chocó asciende a 80 mil habitantes aproximadamente (lo que representa un 12% de los habitantes del departamento), resaltando que la etnia Tule es la de menor cantidad poblacional con 630 indígenas, ubicados especialmente en la comunidad indígena Tule de Arquía, municipio de Unguía. Por otra parte, la etnia Embera es la de mayor número poblacional, dividida en sus tres grupos: Embera Dobida (hombre de río), Embera Eyabida (hombre de montaña) y Embera Chamí (hombre de cordillera).
De acuerdo con el Director Seccional de Chocó, las mayores afectaciones de las que han sido víctimas los indígenas en el departamento son: “desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, homicidios, violaciones, delitos medio ambientales como la minería ilegal y aquellos relacionados con administración pública”.
En cuanto a los aspectos de violencia, las comunidades indígenas en el Chocó han sido de las más victimizadas por el accionar de los grupos armados ilegales en el marco del conflicto armado interno, ya que se encuentran asentadas tradicionalmente en lugares de interés estratégico para estos grupos, en regiones apartadas de la geografía departamental y donde la presencia del Estado es precaria.
La población indígena ha sido reiteradamente víctima de homicidios selectivos, masacres, torturas, desplazamientos forzados masivos y selectivos, confinamiento, restricción de la movilidad, desapariciones forzadas, reclutamiento ilícito, amenazas selectivas y colectivas, presencia de minas antipersonales y municiones sin explotar, violencia sexual, hurtos y lesiones personales, daño en bien ajeno, entre otros, por parte de los actores ilegales.
Todo ello, en deterioro de sus estructuras organizacionales y familiares, ocasionando cambios culturales, disminución de su población especialmente de jóvenes, desarraigo, abandono de sus tierras y fractura de su autonomía.
El trabajo con las comunidades del Chocó y la Fiscalía General de la Nación se viene adelanto desde el 9 de junio de 2015, donde se propiciaron los primeros acercamientos. Posteriormente, el 16 de octubre del mismo año, el Vicefiscal General de la Nación visitó la capital chocoana para firmar directamente los compromisos, momento en el cual se seleccionaron 22 casos que vienen siendo adelantados por la Dirección Seccional del departamento con el apoyo del Nivel Central.
Los retos de la Comisión de Asuntos Indígenas son grandes teniendo en cuenta la problemática que viven estas comunidades y que muchos de ellos no hablan español y aun se comunican en sus lenguas ancestrales, además desconocen cuál es el papel de la administración de justicia, por eso el trabajo que se viene adelantando para contar con una Fiscalía que atienda a usuarios y víctimas con enfoque diferencial, jugará un papel fundamental para darle una respuesta que se traduzca en verdad, justicia y reparación.
AAMZ / DLBM
