Un camino hacia la modernización fue lo que se inició en la Fiscalía General de la Nación desde 2012, cuando empezó su administración como jefe del ente acusador Eduardo Montealegre Lynett, y el en ese entonces Vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, para hacerla más moderna y eficiente.

Durante la rendición de cuentas de los cuatro años de gestión, el Fiscal General de la Nación (e), Jorge Fernando Perdomo, relató que al comienzo de la administración realizaron diagnóstico que puso en evidencia algunas falencias, como la falta de lineamientos de política criminal y falta de planeación al interior del ente investigador.

En los 20 años de funcionamiento de la Fiscalía, no se había efectuado ningún cambio especial, mientras la planta de personal crecía sin organización. Además, investigadores y fiscales trabajaban de manera independiente y con mínima comunicación entre sí. Tampoco había quien se encargara de hacer estadísticas.

Asimismo, la presencia de la Fiscalía en las regiones no era la más adecuada, algo que daba mucha debilidad a la institución fuera del nivel central. En materia de investigación, también se detectaron falencias, pese al fuerte compromiso de los funcionarios con su trabajo.

La Fiscalía General de la Nación recibe en promedio un millón 250.000 denuncias al año y en ese momento no existía una gerencia que abordará de manera eficiente esa carga, de tal forma que se determinara que procesos si podían continuar y cuáles no y de qué manera abordarlos.

Un caso que mostró esa falencia y que además fue de mucho impacto en la capital del país fue el conocido como el de Los Pascuales. La organización era investigada por 50 fiscales, quienes tenían a su cargo 50 hechos individuales. Esto motivo la necesidad de darle un nuevo enfoque y reorganizar el proceso dejando los 50 hechos en manos de un solo fiscal.

La Fiscalía además estaba aislada de los ciudadanos, por lo que también se hizo necesario realizar y un mayor acercamiento a las personas y las víctimas. De este modo, nació la Subdirección de Atención a Víctimas y Usuarios, cuyas labores permitieron, entre otras cosas, la aparición de los Centros de Atención Penal Integral a Victimas (Capiv), donde el ciudadano puede encontrar todos los servicios estatales en materia de justicia, es decir investigadores, fiscales, delegados Bienestar Familiar, Medicina Legal, de los entes territoriales y jueces, entre otros. Empezaron a operar inicialmente en cinco ciudades.

Además durante el periodo 2012-2016 la Fiscalía llegó a tener más de 15 Direcciones Nacionales, entre ellas la Políticas Públicas, que se encarga de diseñar las líneas de acción de una entidad como la Fiscalía año tras año. También se creó la dirección de Asuntos Constitucionales, para hacerles seguimientos a las jurisprudencias de las altas cortes y aplicarlas en los procesos penales.

Además, para facilitar los programas de acción, la entidad pasó de 400 a 444 sedes en el país y se crearon nuevas seccionales en Magdalena Medio, Vichada, San Andrés, Arauca y Amazonas, entre otras.

 

Nuevo paradigma investigativo

La administración de Montealegre Lynett realizó un cambio en materia investigativa, para hacerla integral y enfrentar los fenómenos criminales, por eso se creó una política de priorización que llevó a mejorar los resultados. Se les dio énfasis a casos como las violaciones graves de Derechos Humanos, que llegó a las regionales, porque los delitos son diferentes en cada una de ellas.

Al mismo tiempo se inició la investigación en contexto, para entender que los hechos nunca son aislados y dentro de ese proceso de transformación de las investigaciones surgió la asociación de casos, porque al demostrarse que esos hechos no son aislados, igualmente son atribuibles a las determinadas organizaciones según sus zonas de influencia, lo que además permitió ahorrar recursos.

Por ejemplo, explicó el Fiscal Jorge Fernando Perdomo, el cambio de esos modelos se vio en el caso conocido como el Carrusel de la Contratación en Bogotá, donde se efectuó una investigación en contexto y que tiene a más de 120 personas bajo investigación.

La Fiscalía también empezó a estudiar nuevas formas de criminalidad, como la económica y financiera –caso típico Interbolsa– que develó la falta de idoneidad de los investigadores para asumir esos retos. Fue así como surgió la Policía Económica y Financiera (PEF), cuyos integrantes fueron capacitados en esos temas en particular y tras su especialización lograron destrabar temas como los de las mafias del contrabando.

Frente a las regiones, la Fiscalía hizo intervenciones de diverso tipo, como el caso de Buenaventura (Valle del Cauca), dentro de un hecho conocido como Las Casas de Pique. En ese proceso se incrementó notablemente el número de fiscales y en la planta de personal de investigadores. Fue así que con el esclarecimiento no solo de esos hechos sino de algunos relacionados, se bajó en pocos meses el índice de criminalidad en más de un 50 por ciento.

 

AMC / AAEA