Se trata de Juan Gabriel y Andrés Vera Fernández. El primero fue judicializado y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que el segundo acaba de ser capturado y será presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la posible responsabilidad de Juan Gabriel y Andrés Vera Fernández en el crimen de una persona y el secuestro de dos testigos, en hechos ocurridos el pasado 17 de enero, en El Peñón (Cundinamarca).
Los dos hermanos, en compañía de otros hombres, habrían llegado a un establecimiento de comercio e intimidado a la víctima con una escopeta. Uno de ellos, Juan Gabriel Vera, presuntamente le disparó y le causó la muerte; mientras que el otro, al parecer, ordenó retener y someter a actos de tortura a dos ciudadanos que estaban en el lugar para obligarlos a sacar el cuerpo y desaparecerlo.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca presentó a Juan Gabriel Vera ante un juez penal de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio, secuestro y tortura, todas las conductas agravadas; además de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
El procesado no aceptó cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Entre tanto, Andrés Vera Fernández fue capturado por unidades de la Policía Nacional en Falan (Tolima) y en las próximas horas se realizará el proceso de judicialización.
Esta información sé pública por interés general.
ALGO/AMCJ/LCHG/AML/FSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
