La secretaria de un juzgado y dos particulares fueron judicializados por obtener de manera fraudulenta el desembolso de 1.695 títulos judiciales.
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el actuar ilegal de tres personas que estarían involucradas en el cobro ilegal de títulos judiciales, que correspondían a órdenes de embargo de dinero emitidas en varios procesos ejecutivos a cargo de un juzgado civil de Riohacha (La Guajira).
Se trata de la secretaria de juzgado Kisay Salas Camargo y los abogados Elena Katherine Ruiz Acosta y Heden Amenth Pinto Fuentes. Un fiscal seccional les imputó los delitos de peculado por apropiación agravado, falsedad ideológica en documento público, uso de documento falso, concierto para delinquir, hurtos por medios informáticos y semejantes, y acceso abusivo a un sistema informático. Los cargos no fueron aceptados.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que la servidora judicial, aprovechando el rol que desempeñaba y que conocía las contraseñas virtuales del despacho, habría autorizado el desembolso fraudulento de 529 títulos a particulares que no eran acreedores, ejecutantes, demandantes o apoderados judiciales, ni aportaban la documentación requerida.
Entre tanto, Pinto Fuentes y Ruíz Acosta son señalados de cobrar 519 y 1.176 títulos, respectivamente, entre octubre de 2016 y septiembre de 2024, por un valor superior a 678 millones de pesos.
Por estos hechos, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Salas Camargo y Ruiz Acosta; mientras que Pinto Fuentes deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia.
Los hoy procesados fueron capturados en Riohacha y Bogotá por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Esta información se publica por razones de interés general.
EDH/AMCJ/JARG/SHOG/DSG/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
