Cinco personas fueron capturadas y judicializadas. Se les atribuye el acopio de la mercancía de contrabando en Ipiales (Nariño) para coordinar su venta y distribución en territorio nacional y Ecuador.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, logró la judicialización de cinco personas quienes se encargarían de comercializar en el territorio nacional cigarrillos de contrabando provenientes de China. Mercancía que ingresaba a través de puertos como Cartagena y Buenaventura sin cumplir la normatividad aduanera.
Los procesados estarían encargados de acopiar los cigarrillos para lo cual disponían de inmuebles en Ipiales (Nariño) desde los que también se coordinaba su distribución y posterior comercialización, en muchos casos a Ecuador, donde eran vendidos en dólares para generar mayores réditos para la red criminal.
En ese sentido, los hoy procesados cumplirían diferentes roles ilícitos. Uno fijaba los precios de las mercancías para su distribución, otros almacenaban y comercializaban y transportaban la misma e inclusive, monitoreaban su traslado con el fin de alertar sobre los movimientos de las autoridades.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que la red criminal estaría involucrada en el almacenamiento de 160.000 cajetillas de cigarrillos, las cuales fueron aprehendidas por unidades de la Policía Nacional en diligencias realizadas los días 20, 23 y 24 de septiembre de 2024 en acciones desplegadas en distintas vías nacionales.
Por todo lo anterior, la Fiscalía imputó a los cinco presuntos involucrados en este entramado ilegal, según sus eventuales responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir y favorecimiento y facilitación del contrabando. Cuatro de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, uno deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia.
MAGA/JARG/LQC/DECDF
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
