Tres de los presuntos integrantes de la organización fueron judicializados. Son señalados de exigir entre 10 y 300 millones de pesos a los mandatarios y otros funcionarios municipales para no entablar denuncias por supuestos hechos de corrupción.
Juan David López Rojas, José Carlos Toncel García y Federman Asley López serían los integrantes de un grupo delincuencial que, haciéndose pasar como una red de veeduría ciudadana, presuntamente extorsionaba a alcaldes y funcionarios de diferentes municipios de Cesar.
Las evidencias en poder de la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que estas personas, entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, habrían contactado a distintos servidores municipales a reuniones y exigido sumas de dinero que oscilaban entre 10 y 300 millones de pesos para supuestamente abstenerse de interponer denuncias en su contra por hechos de corrupción o retirar acciones presentadas ante los organismos de control.
López Rojas es el señalado cabecilla del entramado ilegal; mientras que Toncel García, al parecer, ejercía como intermediario, y López estaría a cargo de la logística y recepción del dinero. En cumplimiento de estos roles delictivos se les atribuyen extorsiones contra el alcalde y el gerente de la empresa de servicios públicos de La Jagua de Ibirico, y el alcalde de Becerril.
Por estos hechos, un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada.
Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
JMSV/LCHG/FEP/DECOC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
