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Desarticulado grupo delincuencial que utilizaba menores de edad para comercializar  estupefacientes en Floridablanca, Santander

Por solicitud de la Fiscalía un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial Palmeras, dedicado al tráfico de estupefacientes en el municipio de Floridablanca (Santander).

En la foto se aprecia a los cuatro asegurados siendo custodiados por miembros de la Policía Nacional.
Kervin Johan Colmenares, John Jairo Useche, Armando Cortés y Diego Fernando Valbuena Silva, fueron enviados a prisión por su presunta responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes, tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación, esta banda tenía como zona de injerencia los sectores de Laureles Bajo, Laureles Alto, Palmeras y Reposo, en donde comercializaban la droga en la modalidad de menudeo utilizando menores de edad con el fin de no levantar sospechas.

Durante el operativo de captura realizado por la Fiscalía y la Policía se incautaron estupefacientes, pastillas de clonazepam y un celular.

La Fiscalía los imputó por los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes, tráfico de estupefacientes, uso de menores de edad para la comisión de delitos y destinación ilícita de inmuebles, de acuerdo con sus responsabilidades penales individuales. Ninguno aceptó cargos.

Los asegurados son:  Kervin Johan Colmenares, John Jairo Useche, Armando Cortés y Diego Fernando Valbuena Silva.

 

 La Fiscalía habla con resultados.

 

 

DRA/CFG/MRR/DSS

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

 

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