11 presuntos integrantes fueron judicializados, entre ellos dos trabajadores de una notaría en Barranquilla (Atlántico).
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a un grupo delincuencial conocido como ‘Lisboa’, que sería el responsable de tramitar y obtener registros civiles, cédulas de ciudadanía y pasaportes para hacer pasar como ciudadanos colombianos a migrantes de República Dominicana y Venezuela, y así facilitarles el tránsito y salida del país.
Los elementos materiales probatorios indican que los extranjeros eran contactados en zonas de frontera y convencidos de contratar los servicios ilícitos, que incluían transporte terrestre y aéreo, hospedaje, alimentación y la entrega de la documentación. Los papeles eran gestionados con ayuda de algunos trabajadores de una notaría de Barranquilla (Atlántico) que, ante la ausencia temporal del notario titular, se encargaban de expedirlos.
De esta manera, ‘Lisboa’ habría movilizado migrantes de diferentes puntos de Colombia a Leticia (Amazonas), coordinado su paso a Tabatinga y posterior traslado a São Paulo y Río de Janeiro (Brasil), ciudades desde las cuales los extranjeros tomaban vuelos hacia Estados Unidos y España. Hasta el momento se han acreditado 33 eventos delictivos, en los que se favoreció el tránsito irregular de, por lo menos, 50 migrantes, dos de ellos menores de edad.
En diligencias realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de Gaula Militar y Migración Colombia, fueron capturados 11 presuntos integrantes de la red delictiva en Barranquilla (Atlántico), Valledupar (Cesar) y Medellín (Antioquia).
Se trata de los señalados cabecillas, Jimmy Batista Cabarcas, Dennis Ester Contreras Torres, Lexis Mónica Gutiérrez Parra y José Vicente Pacheco Aroca; los empleados de una notaría de Barranquilla, Vicente Javier Ayus Pupo y Ariel Francisco Acosta Arias; y los tramitadores, Carlos Eduardo Fajardo Pérez, Carmen Inés Tigrero Vaca, Omaira Ester Gutiérrez Torres, Juan David Cárdenas Garcés y Lesvia Elizabeth Hernández Algarín.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a estas personas los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes. Adicionalmente, les formuló el cargo de falsedad ideológica en documento público a los trabajadores de la notaría y a los posibles articuladores principales; y el de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego a Batista Cabarcas.
Por disposición del juez de control de garantías, los cuatro presuntos cabecillas deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; Pacheco Aroca, Ayus Pupo y Acosta Arias permanecerán privados de la libertad en su lugar de residencia; mientras que los demás judicializados seguirán vinculados a la investigación.
