Armas de fuego, municiones y granadas eran enviados entre caletas acondicionadas en vehículos particulares o como encomiendas a estructuras que delinquen en el suroccidente, centro y oriente del país.
La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Dijin de la Policía Nacional, desarticuló a una red señalada de obtener, transportar y comercializar armas de fuego y otros elementos para las disidencias de las Farc.
Las actividades investigativas desplegadas dan cuenta de nueve personas que serían las encargadas de definir diferentes métodos de camuflaje en vehículos particulares para ocultar armas de fuego, municiones y granadas, y coordinar el envío a estructuras armadas que tienen injerencia en Valle del Cauca, Meta, Cauca, Arauca, Guaviare, Nariño y Norte de Santander.
En otras oportunidades habrían remitido los elementos como encomiendas, a través de empresas transportadoras legalmente constituidas.
Estas modalidades ilícitas fueron detectadas en siete incautaciones realizadas durante los últimos dos años en diferentes zonas del país.
Los presuntos integrantes de la organización ilegal fueron capturados y judicializados. Un fiscal especializado de la Seccional Cali les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Dos de los procesados aceptaron los cargos. Por disposición judicial ocho de los imputados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los afectados con la decisión son: Hugo Arturo Lesmes Roa, Germán Tolosa Ayala, Omar Humberto Roa Pinzón, Carlos Humberto Benavidez Durán, Guillermo León Zamora González, José Ricardo Virgüez Gómez, Arley Mauricio Ruíz Torres y Bahiron Camilo Valencia Vega. Por su parte, a William Anaya Cifuentes le fue impuesta medida no privativa de la libertad.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
