Tras avalar el material probatorio y los argumentos de un fiscal adscrito a la seccional Cundinamarca, un juez de garantías afectó con medida de aseguramiento en centro carcelario a cuatro personas señaladas de los delitos de secuestro, concierto para delinquir, hurto agravado y calificado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Los hechos investigados ocurrieron en Fusagasugá (Cundinamarca), y fueron documentados desde octubre de 2021 hasta la fecha y dan cuenta de que, al parecer, el grupo de delincuencia está organizado jerárquicamente con roles específicos cada uno, con el propósito de hurtarle a los ciudadanos el dinero con el cual aspiran a adquirir los vehículos mediante las plataformas de compra y venta de vehículos en internet.
“Se dedican principalmente al hurto de personas haciendo publicaciones de ventas falsas en las plataformas digitales ofreciéndoles vehículos a precios llamativos”, sostiene la imputación.
El material probatorio da cuenta de que, cuando los interesados llegaban al sitio en donde se encuentra el vehículo, eran secuestrados por los integrantes de la banda, y con amenazas de muerte, los obligan a entregar el dinero con el cual pretendían hacer la compra del automotor.
A estas personas les fueron incautadas una motocicleta, 400 papeles con apariencia de billetes, una pistola traumática, una gramera y bazuco. Los procesados fueron capturados por la SIJIN de la Policía Nacional.
Por su parte el Juez 1 Penal Municipal de Fusagasugá ordenó medida de aseguramiento en el centro carcelario que asigne el INPEC.
La Fiscalía habla con resultados
CMRM/DP/FAGH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
