La Fiscalía General de La Nación desarticuló la estructura delictiva denominada Los Fachada, logrando medida de aseguramiento en centro carcelario para cinco adultos y medida de internamiento preventivo para dos menores, quienes al parecer se dedicaban al hurto a personas y de vehículos en Pitalito (Huila).
Este grupo delincuencial estaría conformado por Juan Camilo Rodríguez Rivera, Wilson Yesid Trujillo Zapata, Oscar Miller Galeano, Diego Alejandro Becerra Torres, Felipe Rivera Torres y dos menores de 14 y 17 años.
Según la investigación delinquían en el barrio Popular de Pitalito (Huila) utilizando armas blancas y de fuego para intimidar a sus víctimas y a menores de edad.
La Fiscalía judicializó a los hoy capturados como presuntos responsables de los delitos de hurto calificado y agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte de armas de fuego.
Uno de los eventos ocurrió el pasado primero de junio cuando la víctima iba para su casa en su motocicleta por el barrio Santa Mónica, y con una pistola al parecer lo amenazaron apuntándole en la cabeza para que entregara al automotor. Este opuso resistencia por lo que lo habrían golpeado e intimidado con disparos al aire para hurtarle la moto que fue llevada después al barrio Popular de Pitalito.
Durante las cinco diligencias de registro y allanamiento con fines de captura adelantas por personal de la SIJÍN en los barrios Popular, 20 de Julio, Villa del Prado, Vereda Cabuyal y Vereda Santa Inés, se recuperó además una motocicleta hurtada.
Durante las audiencias preliminares concentradas solo aceptaron cargos Becerra Torres y Rivera Torres.
La Fiscalía habla con resultados.
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LMGM/CFG/DFHI/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
