Trece personas, entre ellas cuatro agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, fueron cobijadas con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, como presuntas responsables de los delitos de tráfico, fabricación o porte  de estupefacientes en la localidad de Bosa, sur de Bogotá.

Gracias a la información suministrada por una fuente humana y las labores investigativas desarrolladas entre un fiscal especializado de la Dirección Seccional de Bogotá y la policía judicial Dijín, se conoció en el año 2015 de la existencia de la banda delictiva La Curva, que estaba distribuyendo estupefacientes en diferentes lugares de la localidad de Bosa.

Esta banda traía la droga desde el departamento de Santander, contaba con un sitio fijo de expendio en el barrio San Bernardino y tenía además varios vendedores ubicados en diferentes lugares de la localidad.

En las diligencias de allanamiento, realizadas el 5 de junio de 2017, se logró la captura de 13 personas, con las cuales se logra la desarticulación total de la banda.

Dentro de los capturados está quien sería el proveedor de la droga, Luis Ángel Hernández Vargas, detenido en el municipio El Peñón (Santander).

Además, fueron aprehendidos dos aparentes administradores de la banda, Vicente Castañeda Boada y Eloisa Ardila Pachón, así como quienes al parecer servían de vendedores, como Esmeralda Alba Adames, Isabel Pardo Albreo, Anyela Rayo Molano, Deiby Leonardo Ramos Bernal, José David Ramos Salazar y Erika Brigith Velasco Guerrero.

A estas 9 personas se les formularon cargos por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Por otra parte, los miembros de la Policía que conformarían esta estructura fueron identificados como Jhonatan Alberto Santana Hernández, Cristian Armando Molina Gamez y Luis Alberto Corro Borrero, patrulleros, y el intendente Edilson Yerney Rojas. A los cuatro, el ente acusador les endilgó los mismos delitos que a los otros procesados, además del de cohecho propio, ya que se evidenció que supuestamente, como parte de  la Policía de Vigilancia de la zona, recibían dinero para omitir funciones propias de su cargo.

En audiencias concentradas, terminadas el 10 de junio, se legalizaron las capturas, se les imputaron cargos, los cuales no fueron aceptados y se les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

 

 

LMFO/DLBM