En un trabajo articulado entre la Seccional Risaralda de la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), El Comando Departamental de la Policía Nacional y la Octava Brigada del Ejército Nacional, fueron capturados 20 presuntos integrantes de la estructura delincuencial ‘Atlas’.
Labores de policía judicial evidenciaron cómo los implicados comercializarían estupefacientes en los municipios risaraldenses de Belén de Umbría, La Virginia y Mistrató.
Según la investigación, coordinada por un fiscal de la Unidad Especial Antinarcóticos, esta red de tráfico de drogas estaría inmersa en el tráfico de marihuana y cocaína, actividad para la cual instrumentalizarían menores de edad.
Durante las audiencias concentradas fueron legalizadas las 20 capturas; 18 de ellas por orden judicial y 2 realizadas en flagrancia, de quienes serían integrantes de la organización ilegal. También fueron avalados 22 diligencias de allanamiento y registro realizados en los municipios de injerencia de la red delincuencial.
En estos procedimientos fueron incautadas armas de fuego y cartuchos de diferentes calibres, sustancias estupefacientes, celulares y dinero en efectivo.
En las próximas horas la Fiscalía presentará a los implicados ante un juez de control de garantías ante quien los imputará como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
La Fiscalía publica esta información por considerarla de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
CLCG/MAGA/MAAE
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
