En los procedimientos se obtuvieron elementos materiales probatorios y evidencias que serán valorados por el Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de hechos de corrupción con recursos del sistema de regalías.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción obtuvo de un juez penal de control de garantías legalización a las diligencias de allanamiento realizadas en dos sedes del Fondo Mixto Sierra Nevada ubicadas en Valledupar (Cesar). Los procedimientos hacen parte de las acciones definidas por el Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de hechos de corrupción relacionados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
El Fondo Mixto fue designado por varias alcaldías y gobernaciones del centro, oriente y norte del país para gestionar proyectos por más de 2,7 billones de pesos con partidas de regalías. En ese sentido, las hipótesis de la Fiscalía General de la Nación apuntan a la posible existencia de una red delincuencial dedicada al direccionamiento de contratos y apropiación indebida de dineros públicos.
Personal del Cuerpo Técnico de Investigación, expertos en contratación estatal, análisis financiero, presupuestal e informática forense de la Dirección Especializada contra la Corrupción, la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia y otras dependencias de la entidad, además del equipo que hace parte del Grupo de Tareas Especiales de regalías participaron en las diligencias que se realizaron durante las últimas dos semanas.
Las evidencias digitales y documentales obtenidas serán valoradas para establecer posibles responsabilidades penales y lograr la judicialización de los responsables en la malversación de los recursos del Sistema General de Regalías.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
