Los procesados habrían engañado a la víctima con el pretexto de llevarla a una reunión, tiempo después la asesinaron de varios disparos.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cuatro presuntos integrantes de la subestructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo, que estarían implicados en el asesinato del líder social José Isidro Cuesta Rivas, en hechos ocurridos el 29 de marzo de 2020 en Carmen del Darién (Chocó).
Se trata de Yorles Javier Correa Arteaga, alias Mono Cuco; Onael Enrique Ramos Anaya, alias Chacal; José Elías Cortes Velásquez, alias Chalia; y Kevin Esteban Chaverra Gutiérrez, alias Risitas.
Según la investigación, ‘Chalia’ en compañía de otro hombre llegó al sector de Jiguamiandó donde, mediante engaños, trasladaron a la víctima al sector de la Y en la vereda Urada Baja del mismo municipio. En este punto ‘Risitas’ junto a otros integrantes del grupo armado ilegal llevaron a la víctima a otro lugar donde le habrían disparado en repetidas ocasiones.
Información en poder de la Fiscalía evidenció que ‘Mono Cuco’ y ‘Chacal’, comandantes militares de la subestructura criminal, habrían sido quienes ordenado el homicidio.
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a los procesados, como personas ausentes, por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravada; y concierto para delinquir.
El juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y emitió las respectivas órdenes de captura.
Esta información se publica por razones de interés general.
AMCJ/MAGA/AAB/UEI/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
